La nueva Ley de Adopción, recientemente aprobada, busca garantizar que los procesos estén centrados en el interés superior del niño, niña o adolescente. A diferencia del modelo anterior, se establece un proceso judicial único, continuo y con plazos definidos, evitando demoras que antes podían durar años. Este cambio permite acelerar las decisiones que afectan el futuro de menores que han sido separados de sus familias de origen, reduciendo los periodos de espera en residencias o programas de acogida, y promoviendo entornos estables de manera más oportuna.
Uno de los cambios más relevantes es que ya no se prioriza el estado civil de quien desea adoptar (casado, soltero, unión civil), sino su idoneidad para ejercer la crianza. Se reconoce que el tipo de vínculo conyugal no determina la capacidad para brindar afecto, cuidado y estabilidad. Con esto, se amplía el universo de personas habilitadas para adoptar, fomentando la inclusión de distintas configuraciones familiares, y eliminando criterios discriminatorios que obstaculizaban el acceso al proceso de adopción.
También se reconoce la posibilidad de mantener contacto con la familia de origen, cuando sea beneficioso para el menor. Esto implica que, en ciertos casos, los lazos biológicos no se cortan completamente, especialmente cuando esos vínculos pueden contribuir al bienestar emocional del niño. Este enfoque promueve una adopción más abierta, que valida la historia personal del menor y permite una transición más saludable hacia su nueva familia, siempre bajo evaluación judicial y en función del interés superior del niño.
Además, si una familia de acogida ha cuidado al niño por más de 18 meses, podrá postular a la adopción, priorizando así la estabilidad afectiva. Esta disposición reconoce el rol fundamental que cumplen muchas familias de acogida, que no solo cubren necesidades básicas, sino que muchas veces construyen vínculos afectivos sólidos y duraderos con los niños a su cuidado. La nueva normativa permite que esa continuidad emocional se transforme en un proyecto de vida definitivo, si así lo autoriza el tribunal y se cumplen los requisitos legales.
En síntesis, esta ley moderniza el sistema, lo hace más ágil y justo, y refuerza los derechos de niños y niñas a crecer en un entorno protector y definitivo. Se trata de un paso clave hacia una adopción más humana, que pone el foco en las necesidades reales de los menores, profesionaliza los procesos y elimina barreras innecesarias. Con su entrada en vigencia, se espera no solo una mayor eficiencia, sino también un aumento en la cantidad de adopciones exitosas en el país.
